
Mientras en Washington se discuten leyes migratorias, en ciudades como Paramount —una comunidad diversa en el corazón de California— las consecuencias se sienten con crudeza. Allí, donde el español se mezcla con lenguas indígenas de Centroamérica, una nueva ley estatal ha sacudido los cimientos de miles de familias migrantes.
“Nos vinimos para estar seguros, y ahora vivimos con miedo”
, dice Eduardo, un padre salvadoreño que llegó con su esposa e hijos escapando de la violencia.
La vida cotidiana cambió desde que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsó un paquete de leyes que penalizan a quienes transporten o alojen a personas indocumentadas. Aunque la ley es estatal, su impacto trasciende fronteras: California no es ajena al miedo que se propaga.
La legislación, aprobada en Florida, criminaliza a quienes “transporten a sabiendas” a personas indocumentadas. Aunque no aplica directamente en California, su efecto simbólico y político genera alarma en otros estados con grandes comunidades migrantes.
En Paramount, muchas iglesias evangélicas que históricamente ayudaron a migrantes ahora temen ser perseguidas. Pastores que solían transportar personas a sus hogares o al médico han dejado de hacerlo. La ayuda comunitaria se paraliza por miedo a represalias legales.
“Nos enseñan a ayudar al prójimo. ¿Ahora eso es delito?”
, se pregunta la pastora Silvia Gutiérrez, mientras prepara cajas de alimentos que ya no sabe si podrá entregar.
Las familias indocumentadas que llegaron recientemente, muchas de ellas con niños, son las más vulnerables. En su mayoría huyen de situaciones extremas: pandillas, pobreza, desastres naturales. Ahora viven escondiéndose incluso dentro de comunidades que solían recibirlas con brazos abiertos.
El gobernador Gavin Newsom rechazó públicamente este tipo de leyes, calificándolas de “inhumanas”. “California es un estado de acogida”, afirmó. Pero el miedo es real, y muchas organizaciones temen que estas políticas se propaguen por imitación.
Históricamente clave en la contención migrante, las iglesias evangélicas se ven ahora divididas entre su misión espiritual y el riesgo legal. Muchas organizaban redes de ayuda con refugio, comida y transporte. Hoy esas redes se desarman.
Marta, madre hondureña que huyó tras perder a su hermano en un enfrentamiento narco, no puede dormir tranquila:
“Me preguntan por qué no volvemos. Pero allá no tenemos nada. Acá al menos teníamos esperanza. Ahora también tenemos miedo”.
José, voluntario de una organización comunitaria, relata:
“Antes podíamos llevar a los chicos al médico o a la escuela. Ahora pensamos dos veces antes de subir a alguien al auto”.
En Paramount, los templos están más silenciosos. Las calles, más vacías. El clima de desconfianza erosiona la red comunitaria que daba contención. Aunque la ley no se aplique aquí, el mensaje es claro: ser migrante, ayudar a un migrante, puede costar caro.
Mientras tanto, miles esperan que la solidaridad pueda más que el miedo.